Madrid mantiene los servicios públicos y el empleo en los servicios urbanos de transportesen vehículos de hasta nueve plazas.

Emilio Domínguez del Valle. Abogado. Experto en movilidad y transportes.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado ayer el “Anteproyecto de Ley  por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid”, que viene tramitando desde febrero de  P2021 (lo que excluye cualquier tipo de imprevisión o falta de transparencia por parte de la administración regional).


De hecho, el Comité Madrileño de Transportes por Carretera evacuó el pasado mes de marzo  de 2022 su informe sobre dicho Anteproyecto, realizándose observaciones a la norma por  todas las asociaciones de taxistas y de empresas de alquiler de vehículos con conductor,  algunas de las cuales se han tenido en cuenta para la redacción del texto final del 
Anteproyecto presentado ayer, 4 de mayo de 2022, al Consejo de Gobierno de la Comunidad. 


La regulación que contiene la modificación que se realiza mantiene el statu quo entre las  modalidades urbanas de transportes de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y es 
compatible con la normativa estatal en la materia y viene a completar la normativa de la  Comunidad de Madrid respecto de los transportes discrecionales de viajeros al incorporar la  actividad de arrendamiento de vehículos con conductor de carácter urbano, que hasta la fecha  se encontraba sin regular expresamente por la normativa autonómica. 


La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su artículo 91.1 
dispone que las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo (VT) y las de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) habilitarán exclusivamente para realizar 
transporte interurbano de viajeros. 
La ley que tramitará la Asamblea de Madrid amparará la realización de servicios urbanos  mediante la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor en el ámbito territorial  de la Comunidad de Madrid siempre que se cuente con la preceptiva autorización, pero, 
además, permite que los puedan seguir realizando las autorizaciones VTC de ámbito nacional  de esta clase domiciliadas en la Comunidad de Madrid existentes a su entrada en vigor.


Como el propio Anteproyecto establece una restricción al otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor si éstas superasen la ratio de 1  por cada 30 taxis, a diferencia de la liberalización absoluta de este servicio que se efectuó por  la legislación estatal en 2009, es obvio que no se van a expedir nuevas autorizaciones en  Madrid, en tanto las de ámbito nacional ya superan dicha limitación, manteniéndose la 
cantidad de oferentes en el número consolidado en 2015, definitivamente cerrado por Real  Decreto Ley 3/2018, de 20 de abril. No obstante lo cual, se prevé la tramitación en un plazo de 
un año de un reglamento que establezca requisitos específicos para la prestación del servicio  urbano en el ámbito de la Comunidad de Madrid por quienes estén habilitados para ello.


La norma, con la mínima extensión, responde al principio de proporcionalidad, ya que contiene 
la regulación imprescindible para establecer el marco jurídico de la actividad de arrendamiento 
de vehículos con conductor de carácter urbano en la Comunidad de Madrid. Cumple con el  principio de seguridad jurídica, y garantiza la prestación de un servicio urbano al público que  vienen recibiendo los usuarios desde antes de 1978, bajo diferentes denominaciones, adecuándose al principio de eficiencia, puesto que la norma no conlleva cargas administrativas
innecesarias para los administrados.


Además, se modula el régimen sancionador aplicado a este tipo de servicios que se regirán por
los tipos infractores de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres previos a los recientemente establecidos, por mayoría pero sin consenso parlamentario, en la “Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el
ámbito del transporte y las infraestructuras”.


Madrid es la región con más VTC de España (45% del total de la flota española, 7.908 licencias),
dando empleo con esta modalidad de transporte a más de 13.000 personas y generando más de 1.000 millones de euros, comparable en magnitud económica y producción de riqueza a la instalación en nuestra Comunidad de una fábrica de automóviles similar a la FASA-Renault.

El Anteproyecto de Ley aprobado ayer sostiene este empleo y actividad económica, siendo además apoyado por las organizaciones sectoriales y sindicatos que ya disponen de un
convenio colectivo sectorial, suscrito este año.


La sinergia del sector ahora regulado con los servicios que proporcionan los taxistas madrileños resulta en casi 40.000 puestos de trabajo, entre asalariados y autónomos. La
operatividad en Madrid de numerosas plataformas digitales de servicios al transporte y sus
usuarios multiplica también el volumen de demanda e ingresos de ambas modalidades, contribuyendo además a la eficiencia, sostenibilidad y conectividad de las redes urbanas de transporte de la Comunidad de Madrid, posicionándola a la cabeza de los países de la Unión Europea.


Definitivamente el mejor complemento al Anteproyecto, para contribuir al crecimiento
económico de la Comunidad de Madrid será la aplicación de diversas y liberales medidas en relación al transporte de viajeros en vehículos de turismo, incluyendo la modificación de las condiciones contenidas en el Decreto 74/2005, de 28 de julio, tendentes a armonizar la
prestación de servicio urbano de esta modalidad con la del arrendamiento de vehículo con conductor, que promueva condiciones de mejor competitividad para los primeros, a fin de fomentar la libertad de elección de los usuarios y un mejora de todos los aspectos de estos
servicios para todos los madrileños, en lo que ya está trabajando la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, tal y como expuso su Consejero y la propia Presidenta de la Comunidad en el más reciente encuentro con las asociaciones de taxistas.


Madrid ejemplifica de este modo la creación de las condiciones de regulación para un mercado
abierto y competitivo que multiplica la actividad económica, el empleo y la calidad de los servicios para todos los madrileños.

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